ALCALDÍA DE WASHINGTON ACLARA QUE POLICÍA LOCAL NO COLABORA CON ICE

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DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS AÚN NO ACERCAN POSICIONES SOBRE VOTO DEL “DREAM ACT” ANTES DE RECESO

WASHINGTON— La alcaldía de la capital de EEUU afirmó este martes que la policía local no colabora con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que fue alertada sobre el arresto de siete activistas “Dreamers” y un aliado del movimiento el viernes pasado en el terreno del Capitolio.

En declaraciones a este diario, Susana Castillo, portavoz de la oficina de la alcaldesa demócrata, Muriel Bowser, explicó hoy que ésta mantiene su compromiso con los “Dreamers” y que el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, se mantiene como “ciudad santuario”.

“El arresto ocurrió en propiedad del Capitolio, que es terreno federal. La policía local de nuestra ciudad no colabora con ICE, ni sus agentes nos dicen cuando hacen operaciones en la ciudad”, explicó Castillo.

“Puedo garantizar que no estamos contactando a ICE para delatar a nadie… la alcaldesa Bowser mantiene su compromiso con los “Dreamers”, enfatizó la portavoz.

El Distrito de Columbia figura entre los condados, ciudades y jurisdicciones que han recibido amenazas del Departamento de Justicia de suprimir ciertos fondos federales para programas policiales si no colaboran con ICE en la detención de inmigrantes indocumentados.

Los agentes de ICE suelen emitir órdenes de detención, conocidos en inglés como “detainers”, para que las cárceles locales retengan a los detenidos hasta que pasen a su custodia para su eventual deportación.

Ocho activistas del grupo “Our Dream” se declararon en huelga de hambre desde que fueron arrestados el viernes pasado al realizar una protesta en las oficinas del senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, y el legislador republicano de Florida, Carlos Curbelo.

Una portavoz de ICE, Clarissa Cutrell, dijo ayer a este diario que la policía local contactó a la agencia y les informó de uno de los activistas, pero que la agencia no ha emitido órdenes de detención contra los activistas.

Schumer y Curbelo apoyan el “Dream Act” para la legalización permanente de los cerca de 800,000 jóvenes indocumentados amparados al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que la Administración Trump dejará vencer sin más prórrogas el 5 de marzo de 2018.

Pero Schumer no ha dicho si está dispuesto a bloquear una ley de gastos del gobierno y provocar un cese de las operaciones de la burocracia federal, como medida de presión para que los republicanos incluyan el “Dream Act” en la medida de obligada aprobación el próximo viernes.

Sin la acción del Congreso, los jóvenes quedarán sin protección cuando venzan sus permisos, y quedarán expuestos a la deportación.

Sin embargo, aunque continúan las delicadas negociaciones entre demócratas y republicanos sobre cómo corregir el “DACA”, no está claro que el Congreso somete a voto el “Dream Act” esta semana, antes del receso navideño, como exigen los activistas.

Tres de los ocho activistas, Belén Sisa, Li Adorno y Héctor Jairo Martínez, todos “DACAmentados”, fueron puestos en libertad hoy, según confirmó el grupo “Our Dream”.

“Estoy saliendo de la cárcel para entregar un mensaje al senador Schumer. El ha dicho reiteradamente que apoya a los Dreamers y que necesitamos la aprobación del Dream Act para fin de año. Le dimos oportunidad de traducir esas palabras a la acción, pero nos falló”, dijo Sisa.

El resto de los activistas, entre éstos Erika Andiola, exportavoz de la campaña presidencial de Bernie Sanders, continúa en la cárcel, sin cooperar con la policía y arriesgando la deportación, dijo el grupo, que programó una vigilia afuera de la cárcel esta noche.

Otros grupos, como “United We Dream”, también realizan actos de protesta en el Congreso a favor del “Dream Act”, y más de una veintena de activistas han sido arrestados.

Se calcula que unos 122 “Dreamers” están perdiendo a diario sus permisos bajo “DACA”. Cuando el “DACA” venza el 5 de marzo de 2018, todos los “Dreamers” amparados al programa quedarán expuestos a la deportación una vez que venzan sus permisos, a menos que el Congreso apruebe una solución permanente.

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Fuente:La Opinion

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