DICTAMEN SOBRE DACA ABRE NUEVO CAPÍTULO EN PROLONGADA BATALLA POR LOS “DREAMERS”

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ACTIVISTAS Y DREAMERS URGIERON AL CONGRESO LA APROBACIÓN DE UNA SOLUCIÓN LEGISLATIVA PERMANENTE

WASHINGTON— La Administración Trump tiene 90 días para justificar su cancelación de DACA, luego de que un tercer juez federal le ordenara reactivar el programa y aceptar a nuevos solicitantes, abriendo un nuevo capítulo en la prolongada batalla por la legalización de los “Dreamers”.

El juez federal John Bates, del Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, emitió un dictamen la noche del martes en el que cuestionó la forma “arbitraria y caprichosa” en que el gobierno desmanteló el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y dio plazo hasta julio próximo para que presente argumentos más sólidos sobre su cancelación.

Cinco claves del dictamen de juez federal contra cancelación de DACA
El dictamen de Bates fue en respuesta a una demanda de Microsoft, el grupo afroamericano “NAACP”, y la Universidad Princeton, en contra de la cancelación de DACA, un programa que ha permitido a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados llevar una vida libre del temor a la deportación.

DACA, incentivo para inmigración ilegal

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, condenó hoy el dictamen de Bates y reiteró el falso argumento de que DACA es un incentivo para la inmigración ilegal.

“El presidente (Barack) Obama obvió al Congreso y creó el programa ilegal de DACA. Creemos que el dictamen del juez es extraordinariamente amplio y errado en lo que respecta a la ley , y peor aún, crea un incentivo para que vengan más jóvenes ilegales acá, y les hace esperar que se les aplique políticas judiciales similares”, argumentó.

“Este dictamen es buena noticia para organizaciones de contrabando y redes criminales, y una horrible noticia para nuestra seguridad nacional. Es hora de que el Congreso haga lo que el presidente le ha pedido” y corrija este problema, enfatizó la portavoz.

Sin embargo, entre otros requisitos, para calificar para DACA, los jóvenes tenían que residir en EEUU desde 2007, haber entrado antes de cumplir los 16 años, y tener menos de 31 en junio de 2012, cuando el programa fue anunciado.

Compás de espera

Bates, designado en 2001 por el presidente republicano, George W. Bush, dejó la pelota en el techo de la Administración y aunque su dictamen no entrará en vigor todavía, el documento de 60 páginas mostró su escepticismo sobre la cancelación de DACA.

Por ahora, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sólo podrá continuar la renovación de permisos bajo DACA debido a sendos dictámenes de los tribunales en San Francisco (California) y Brooklyn (Nueva York) en enero y febrero pasados, respectivamente.

A la espera de la orden final de Bates dentro de 90 días, por el momento no habrá espacio para nuevos solicitantes.

Según el “Instituto de Política Migratoria” (MPI), poco más de 1,3 millones de jóvenes indocumentados son elegibles de inmediato para recibir protección de “DACA”, cifra que incluye tanto a los casi 800,000 que se ampararon al programa en 2012 como a los alrededor de 500,000 que, bajo la orden de Bates, podrían solicitarlo por primera vez.

Sessions busca un nocaut

La oficina del fiscal general, Jeff Sessions, quien anunció la cancelación de DACA el pasado 5 de septiembre, afirmó que el Departamento de Justicia continuará “defendiendo vigorosamente” en futuros litigios la legalidad de su decisión.

El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O´Malley, dijo que la agencia buscará “reinvidicar” su postura respecto a DACA, por considerar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS )“actuó dentro de su autoridad legal” al desmantelar el programa “de forma ordenada”.

“La promoción y cumplimiento del imperio de la ley es vital para proteger a una nación, sus fronteras y su ciudadanía”, argumentó O´Malley, repitiendo la queja implícita de que los inmigrantes son un riesgo para la seguridad nacional.

Sessions ha sido el caballo de batalla del presidente Donald Trump en contra de los inmigrantes, y no desistirá hasta poner punto final a DACA, pese a que la Administración ha sufrido ya varias derrotas en los tribunales.

El gobierno de Trump pretendió saltarse al Noveno Circuito de Apelaciones y apeló el dictamen del tribunal de San Francisco ante el Tribunal Supremo, pero en febrero pasado, la máxima corte rechazó intervenir en esa apelación.

Así, la batalla legal por el futuro de DACA sigue su curso tanto en el Noveno Circuito de Apelaciones, en San Francisco, como en el Segundo Circuito de Apelaciones, en Nueva York.

En Maryland, un juez federal, Roger Titus, también designado por Bush, anuló en marzo pasado una demanda en contra de la cancelación de DACA. Titus explicó que aunque no estaba de acuerdo con la anulación de DACA, no le corresponde al poder judicial adoptar medidas legislativas o ejecutivas.

Prolongada batalla en las cortes y el Congreso

Expertos consultados hoy por este diario advirtieron que la lucha por los “Dreamers” va para largo y termina a los pies del Congreso.

En el naipe de opciones, la Administración podría impugnar cualquier dictamen en los casos pendientes, y recurrir de nuevo al Tribunal Supremo, precisó Pierce.

Por su parte, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del “Centro Nacional de Leyes de Inmigración” (NILC), dijo que el solo hecho de que Bates determinó que la Administración “violó la ley” es un gran logro para la comunidad inmigrante.

“En este momento no existe la posibilidad de nuevas solicitudes para DACA, pero los jóvenes que tienen sus permisos deben renovarlos lo más pronto posible, y estar pendientes de lo que pase con el dictamen de Bates”, subrayó Hincapié.

“Falta ver también que pasará con los demás litigios, qué hará el Congreso, qué hará la Administración. Seguimos en veremos, y por eso necesitamos una solución legislativa permanente para estos jóvenes, aunque en este momento el litigio sigue siendo la estrategia primordial”, explicó la abogada.

Si el Tribunal Supremo decide intervenir en esta batalla, su dictamen no ocurriría antes de otoño, complicando el ambiente político de cara a los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre.

La comunidad inmigrante celebra

Mientras tanto, grupos cívicos y defensores de los inmigrantes calificaron el dictamen de Bates como un espaldarazo bipartidista a la legalidad de DACA.

“Dicen que la tercera es la vencida, y esperamos que la Administración finalmente entre en razón y escuche a los tribunales que le dicen que no hay justificación legal para cancelar DACA… le urgimos a la Administración que no anule DACA hasta que el Congreso apruebe el Dream Act y elimine de una vez la incertidumbre que afrontan los Dreamers“, dijo Carmelo Ríos, senador estatal de Puerto Rico y presidente del Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL).

Sanaa Abrar, activista de “United We Dream”, señaló que DACA ha transformado la vida de centenares de miles de jóvenes y sus familias, y su grupo no dejará de luchar hasta que todos los inmigrantes vivan en un ambiente de “justicia y dignidad”. El grupo pide donaciones para continuar dando becas a jóvenes que no pueden costearse los $495 para renovar sus permisos.

 

La organización angelina “CHIRLA” dijo que el nuevo dictamen ilumina “el oscuro túnel que la Administración ha construido en su guerra contra todos los inmigrantes, incluyendo los legales, los jóvenes con DACA, los musulmanes, y los beneficiarios del TPS”.

Daniel Garza, presidente de la conservadora “Iniciativa LIBRE”, dijo que el Congreso debe dejarse de “juegos políticos” y actúe pronto, porque el dictamen no les da un alivio permanente.

Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, afirmó que Trump tiene dos caminos: seguir buscando la forma de eliminar DACA y de deportar a jóvenes indocumentados, o trabajar de forma bipartidista para lograr una solución legislativa permanente.

Juan Escalante, un activista “DACAmentado” de “America´s Voice”, afirmó que 90 días parecerán una eternidad para jóvenes que no pueden planear su futuro por falta de “papeles” y, para superar la incertidumbre de las cortes o “las rabietas” de Trump en Twitter, el Congreso debe legalizar a los Dreamers.

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Fuente:La opinion

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