Un fallo del lunes del fiscal general William Barr que limita la capacidad de los migrantes para solicitar asilo en Estados Unidos es el último ejemplo del uso por parte de la administración Trump de un poder único del alto funcionario para reformar la ley de inmigración.
Barr usó un proceso llamado “certificación” para emitir una decisión que cierra la puerta a la mayoría de los solicitantes de asilo que temen persecución debido a los lazos familiares, anulando años de precedentes legales.
El caso involucra a un hombre mexicano que dijo que fue amenazado por pandilleros cuando su padre se negó a dejarlos usar su tienda. La ley de Estados Unidos requiere que los solicitantes de asilo demuestren que temen ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un “grupo social particular”. La Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que la familia del hombre constituía un grupo social.
Barr revirtió ese fallo y escribió que una familia no califica como tal grupo solo porque está siendo perseguida. Su decisión ahora reducirá el número de migrantes que son elegibles para el asilo.
Desde que el momento que han asumido el cargo, todos los fiscales generales de Trump han utilizado el proceso de certificación para limitar la decisión discrecional de los jueces de inmigración y restringir la ley de asilo, limitando la cantidad de migrantes que pueden permanecer en EUA.
“Todas estas cosas encajan en el mismo plan maestro de tratar de obligar a los jueces a sumarse a este tipo de línea de producción de emitir órdenes de deportación”, dijo Jeffrey Chase, ex juez de la corte de inmigración.
Barr pudo reformar la ley porque los tribunales de inmigración, donde los migrantes deben presentar su caso de asilo, tienen una estructura única.
La mayoría de los tribunales federales son parte del poder judicial, pero los tribunales de inmigración son parte del poder ejecutivo y, por lo tanto, están controlados por el Departamento de Justicia. El fiscal general dirige el Departamento de Justicia. Es a la vez el principal fiscal de la nación y, en el caso de los tribunales de inmigración, su principal juez.
Debido a que Barr es el juez superior, esencialmente puede extraer casos de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que es efectivamente el brazo de apelación de los tribunales de inmigración, para la “certificación”. Después de revisar esos casos, puede emitir resoluciones de cumplimiento obligatorio.
Los fiscales generales anteriores también han usado este poder. Durante los ocho años de mandato del presidente George W. Bush, se emitieron 16 de esas decisiones, la mayor cantidad de cualquier administración desde fines de la década de 1950. Bajo Obama, hubo cuatro de esas decisiones, y bajo Clinton hubo tres.
Pero el Departamento de Justicia de Trump está en camino de superar a cualquier administración anterior al emitir estos fallos. Sus tres fiscales generales han emitido decisiones en siete casos en los últimos dos años y medio. Tres están pendientes.
Frenar el asilo
La certificación puede ser una herramienta importante para resolver cuestiones legales y aclarar asuntos legales complejos, explicó Dan Cadman, ex funcionario de inmigración y miembro actual del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por limitar la inmigración.
Agregó que si bien las decisiones son escritas oficialmente solo por el fiscal general, “[él] se basa ampliamente en la experiencia de varios abogados dentro de su propio personal”.
Pero los críticos creen que el sistema coloca demasiado poder en manos del principal fiscal de la nación.
“Es una práctica muy peligrosa”, opinó Stephen Legomsky, profesor de derecho en la Universidad de Washington en St. Louis y ex abogado principal de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración bajo Obama. “Deberían ser jueces y no políticos, y ciertamente no fiscales, quienes deberían decidir los casos individuales”.
Al principio de su mandato, el ex fiscal general Jeff Sessions emitió una decisión en un caso llamado Asunto de A.B. que afirmaba que la mayoría de los inmigrantes que huían de la violencia doméstica y de pandillas no calificaban para el asilo. La aplicación de esa decisión ahora está siendo impugnada en una demanda federal.
Las decisiones también han afectado el funcionamiento diario de las cortes. Sessions eliminó la capacidad de los jueces para cerrar casos administrativamente, una herramienta que a menudo habían utilizado para mover expedientes más rápidamente.
“Se quitó una herramienta de gestión de expedientes que ha sido reconocida por más de 40 años y esencialmente la revirtió en un abrir y cerrar de ojos”, dijo la jueza Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
Esa única decisión podría llevar a que 350,000 casos cerrados regresen a un sistema judicial que ya tiene una acumulación de más de 900,000 casos.
Barr, quien asumió el cargo sustituyendo al Fiscal General Interino Matthew Whitaker en febrero, tomó la primera de sus decisiones en junio, limitando la capacidad de los detenidos para salir de la prisión. Ese fallo también está siendo impugnado en los tribunales.
También es probable que el caso más reciente del hombre mexicano que busca asilo se pelee en los tribunales. Hay una larga historia de tribunales que reconocen a las familias como un grupo social en particular, por lo que la última decisión de Barr podría ser revocada en los tribunales de distrito, según Jeremy McKinney, segundo vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración.
Pero por ahora, el caso podría significar que cientos o miles de los que llegan a la frontera con reclamos de ser atacados debido a lazos familiares no califiquen para la protección del asilo.
“Creo que el impacto de la decisión de hoy será muy grande a corto plazo”, advirtió McKinney.
El Departamento de Justicia y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la subdivisión del departamento que dirige la Junta de Apelaciones de Inmigración, declinaron hacer comentarios.
