LA CASA BLANCA CIERRA EL CAMINO A LA CIUDADANÍA A MIGRANTES QUE ANTES PODÍAN OBTENERLO CON EL TPS

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Cientos de miles de inmigrantes se encuentran en Estados Unidos de forma legal gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

El Gobierno de Donald Trump ha ordenado eliminar la mayoría de estos programas, pero una corte judicial se lo ha impedido hasta que haya una sentencia definitiva. En este periodo de gracia, muchos han intentado, como animó el propio Gobierno, encontrar la manera de conseguir la residencia permanente. Antes tenían una forma relativamente sencilla a su alcance para obtener la green card: ahora es un camino seguro hacia la deportación.
El TPS beneficia a personas de países afectados por catástrofes naturales, guerras o crisis humanitarias. En la actualidad, está en vigor para inmigrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Pero Trump ha cancelado estos permisos
Trump ha cancelado estos permisos para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, pero actualmente siguen extendidos hasta el 4 de enero de 2021 a falta de sentencia definitiva. Las personas afectadas (entre ellos, 257.000 salvadoreños, 86.000 hondureños y 2.500 nicaragüenses) tiene así algo más de un año para encontrar una forma legal de quedarse en Estados Unidos en caso de que la justicia certifique el final de su TPS.
Durante años, estas personas podían salir del territorio estadounidense y luego reingresar con un permiso especial, pasando entonces a estar bajo esa parole como especie de libertad condicional que les permitía ahora sí aspirar a la green card.
Abogados de inmigración han denunciado sin embargo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) está bloqueando ahora ese proceso, violando así sus
propias reglas escritas de manera “silenciosa y técnica”, según un reporte de la estación de radio pública WLRN.
“Hemos tenido docenas y docenas de casos de afectados por este cambio”, ha declarado Randy McGrorty, director de los Servicios Legales Católicos de Miami, un grupo vinculado a esta arquidiócesis de Florida. “La nueva política anula una práctica que tiene una década, y se produce sin previo aviso, sin ningún análisis legal y, francamente, sin ninguna justificación en la ley”, ha agregado.
La gran mayoría de estos casos son haitianos “porque esa es la demografía en Miami”, ha indicado McGrorty, “pero aparentemente todos los beneficiarios de TPS están viéndose afectados”.
La abogada Tatiane Silva se sumó a esta alerta y señaló el caso reciente de uno de sus clientes haitianos, quien viajó fuera del país en 2017 tras recibir su parole para viajar al extranjero.
A su regreso, al hombre incluso se le estampó un sello de parole en su pasaporte haitiano. Sin embargo, en octubre recibió una carta de USCIS que le comunicaba que no era elegible para la residencia permanente.
La carta explicaba que esta oficina ya no dispone de la jurisdicción para ayudar a solicitar la residencia permanente a personas en su caso.
De ahí que se crea que, como apuntó Silva, USCIS está considerando rutinariamente que “cualquier receptor de TPS que abandone el país debe volver al estado migratorio que tenía antes de recibir la protección del TPS”.
“Tenemos cientos, si no miles de casos en esta misma situación”, aseguró la abogada, “se trata de un cambio reciente y abrupto”.
Al abogado de inmigración Ronald Haber le ha ocurrido lo mismo con todos los ciudadanos haitianos beneficiados con el TPS.
“Lo que lo hace especialmente difícil es que muchos de mis clientes, sus amigos y sus familiares, ya obtuvieron la residencia permanente gracias a ese mismo proceso que ahora USCIS dice que no está permitido —apunta—. Les están moviendo la portería en el medio del juego”.
Un portavoz de USCIS ha indicado en un comunicado que la agencia es “consciente del problema y lo está revisando”. También insistió en que “se compromete a adjudicar todas las peticiones y solicitudes de acuerdo con las leyes y regulaciones”.
Pero Randy McGrorty cuestiona que la agencia esté revisando sus irregularidades, sobre todo porque él y otros abogados de inmigración llevan más de seis meses esperando a que le den alguna explicación sobre estos cambios.
“Si lo están revisando, deberían dejar de negar los casos [de solicitud de residencia]mientras está bajo revisión”, afirmó.
Casos similares que conducen a los afectados a encontrarse al borde de la deportación han sido detectados también en Texas y en Illinois.
“Esto es increíblemente confuso y totalmente injusto para quienes tienen solicitudes pendientes”, criticó la abogada de inmigración Elina Santana, vicepresidenta del Capítulo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración del Sur de Florida.

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