SALVADOREÑOS ESPERAN QUE DHS EXTIENDA POR 18 MESES EL TPS

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ES LA PRIMERA GRAN PRUEBA DE FUEGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL, KIRSTJEN NIELSEN, EN EL MINADO CAMPO MIGRATORIO

WASHINGTON— Los más de 200,000 salvadoreños con “Estatus de Protección Temporal” (TPS), y activistas que acompañan su lucha, esperan este lunes un milagro y que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, decida extender por 18 meses el programa que desde 2001 les ha permitido vivir y trabajar legalmente en EEUU, sin temor a la deportación.

Nielsen, quien asumió el cargo el pasado 8 de diciembre, afrontará mañana su primera gran prueba de fuego en el minado campo migratorio, cuando emita su decisión sobre el futuro de los salvadoreños amparados al TPS.

Las cifras oficiales indican que 262,528 salvadoreños tienen “TPS”, pero unos 195,000 serían los reinscritos en el programa, debido a que muchos han ajustado su estatus o están a la espera de la resolución de otros trámites.

Si elimina el programa y da una “ventana” para una transición ordenada, lo seguro es que el asunto quedará en manos del Congreso, que es el único que puede dar una solución permanente.

La titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido blanco de una intensa campaña de presión de grupos de la comunidad inmigrante para que, si decide eliminar el TPS, al menos otorgue una demora de 18 meses para dar tiempo a los “tepesianos” salvadoreños a ajustar su estatus o preparar su salida del país.

Pero grupos anti-inmigrantes, como NumbersUSA y la Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR), también han estado soplando al oído de Nielsen que mantenga “mano dura” contra los inmigrantes, como prometió el presidente Donald Trump durante la contienda de 2016.

Entre los escenarios posibles, Nielsen puede poner fin al TPS pero dando una demora de 12 o 18 meses como periodo de transición para los afectados. También puede postergar una decisión final hasta dentro de seis meses, como ya lo hizo su antecesor, John Kelly, en el caso de Haití, o la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, en el caso de Honduras.

En mayo de 2017, Kelly dijo que necesitaba más tiempo para evaluar las condiciones en Haití y postergó su decisión por unos seis meses. Asimismo, el pasado 6 de noviembre, Duke canceló el TPS para unos 2,500 nicaragüenses, dando una demora de 12 meses hasta el 5 de enero de 2019, y dejó para el próximo 5 de julio la decisión final sobre los hondureños amparados al TPS.

Dos semanas después, el pasado 20 de noviembre, el DHS finalmente canceló el TPS para cerca de 60,000 haitianos, dándoles 18 meses, hasta el 22 de julio de 2019, para buscar otras vías para su legalización o preparar su salida ordenada del país.

En un encuentro con periodistas el viernes pasado, varios activistas de grupos pro-inmigrantes señalaron que el fin del TPS desataría una crisis regional, además de la separación de familias y malas consecuencias para la economía estadounidense.

“No se ganaría nada con un fin del TPS, sino todo lo contrario, causaría una enorme devastación para esta comunidad, que ha demostrado con creces sus contribuciones… y claramente vemos que El Salvador no está listo para el retorno de estos inmigrantes”, dijo a este diario Frank Sharry, director ejecutivo de “America´s Voice”, que organizó el encuentro.

El TPS es un programa adoptado por el Congreso en 1990 para personas que no pueden regresar a sus países debido a desastres naturales, conflictos civiles, u otras circunstancias extraordinarias temporales. Para calificar para el programa, los solicitantes deben reunir una serie de requisitos, incluyendo un historial libre de delitos graves.

El gobierno de EEUU concedió el TPS a los salvadoreños en marzo de 2001, tras sendos terremotos ese año en El Salvador.

Fuerte presión comunitaria
La semana pasada, al acercarse la hora cero, legisladores demócratas y líderes cívicos, religiosos, empresariales y sindicales en todo EEUU aumentaron la presión para que Nielsen “haga lo correcto” y no dé la espalda a esta comunidad inmigrante.

El jueves pasado, por ejemplo, cerca de 400 líderes de distintas religiones enviaron una carta a Nielsen, en la que urgieron una extensión de 18 meses. Una carta abierta similar de la “Mesa Evangélica de Inmigración”, publicada en el conservador diario “The Washington Times, hizo el mismo pedido.

Además, 19 alcaldes y líderes municipales de ciudades como Nueva York, Los Angeles, Chicago, y Houston, también firmaron una misiva en la que advirtieron que los salvadoreños no serían los únicos perdedores con la decisión de Nielsen: un fin del TPS sería sinónimo de una posible pérdida de $164,000 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de EEUU en una década.

También Amnistía Internacional sumó su voz al pedido a favor de mantener el TPS, al indicar que los posibles deportados afrontarían “severas violaciones a los derechos humanos” y un mayor riesgo de extorsión, secuestros, violencia sexual, y acoso de las pandillas.

Y el “American Immigration Council” patrocinó un anuncio pagado en el diario “The Washington Times”, escrito por la ex embajadora de EEUU en San Salvador, Mari Carmen Aponte, en el que argumentó que un fin del TPS minará la seguridad regional.

El gobierno salvadoreño también hizo lo propio, con numerosas visitas de funcionarios de alto rango a Washington en todo 2017, para destacar las contribuciones económicas de los salvadoreños, y el hecho de que la mayoría ha echado raíces en EEUU mediante la compra de casa y el establecimiento de negocios.

Se calcula que los salvadoreños amparados al TPS tienen, en su conjunto, 192,000 hijos nacidos en Estados Unidos y, según los activistas, es inhumano y poco realista sugerir que el gobierno también los deportará a ellos, siendo ciudadanos estadounidenses.

Sin el “TPS” y sin otras opciones, los salvadoreños correrían un alto riesgo de perder sus trabajos y sus casas, además de una eventual deportación a un país aún plagado por la violencia de las pandillas y el crimen organizado, pobreza, y escasez de oportunidades.

Los “tepesianos” salvadoreños son el grupo más grande dentro del TPS –conforman casi dos terceras partes de todos los más de 320,000 inmigrantes amparados al programa- y están concentrados principalmente en el área de la capital estadounidense, California, Nueva York, Maryland, Virginia, y Texas.

Sólo en California hay 49,100 salvadoreños con “TPS”, según datos del “Centro para Estudios de Migración”, un centro de estudios con sede en Nueva York.

Si se acaba el TPS, los salvadoreños se verían obligados a buscar otras opciones legales, tomando en cuenta que un dictamen judicial permitiría a muchos solicitar la residencia permanente bajo distintos escenarios, como el tener un cónyuge o hijo mayor ciudadano que les patrocine la visa.

De otra manera, al poner punto final a más prórrogas, Nielsen estará tirando la pelota al techo del Congreso, donde ya hay varias propuestas para la legalización de la comunidad de “tepesianos”, pero ninguna ha sido sometida a debate y voto.

Más de 300 activistas pro-inmigrantes y “tepesianos” tienen previsto realizar una protesta frente a la Casa Blanca tras el anuncio previsible del DHS. Dependiendo de la hora del anuncio, la protesta, organizada por “CASA de Maryland”, podría llevarse a cabo el lunes o martes.

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Fuente:La Opinion

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