TAMBIÉN FUTURO DE “TEPESIANOS” QUEDA EN MANOS DEL CONGRESO

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LA ESTRATEGIA DE LA ADMINISTRACIÓN ES DEJAR TODO EN MANOS DEL CONGRESO, DONDE NO HAY APETITO NI CONSENSO PARA RESOLVER ESTOS PROBLEMAS

WASHINGTON – Al igual que con la eliminación gradual de “DACA”, la Administración Trump está “enterrando” a centenares de miles de “tepesianos” en el panteón de medidas desmanteladas para así expulsar a inmigrantes indocumentados, aumentando las presiones por una solución permanente en un Congreso indeciso, según expertos.

Funcionarios de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron anoche que unos 59,000 haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) tendrán que salir de EEUU si para el 22 de julio de 2019 no encuentran vías alternas para su legalización.

El pasado 6 de noviembre, el DHS anunció una fecha tope, hasta enero de 2019 para unos 2,550 nicaragüenses y dio una prórroga para unos 57,000 hondureños hasta julio de 2018, mientras evalúa la situación en Honduras. La Administración ya había eliminado el TPS para Sudán, Guinea, Liberia, y Sierra Leone.

El siguiente bloque de “tepesianos” en vilo lo conforman cerca de 200,000 salvadoreños que, bajo los estatutos, deben recibir la noticia a más tardar el próximo 8 de enero.

En total, más de 320,000 personas están amparadas al TPS, un programa creado por el Congreso en 1990 como un alivio temporal para inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países por conflictos civiles, desastres naturales y otras circunstancias extraordinarias.

Cada uno de los diez países amparados al TPS tiene su propia fecha de vencimiento, tras la cual los beneficiarios quedan expuestos a la deportación.

Trueques políticos

“Estas nuevas fechas de la Administración solo son para suavizar el impacto, pero la realidad es que la Administración ha politizado este programa humanitario y lo está terminando para apaciguar a su base, y no todos podrán ajustar su estatus”, dijo a este diario Amanda Baran, analista del Centro Nacional de Recursos para Inmigrantes (IRLC)

“Ahora la tarea recae sobre el Congreso, pero ahí vemos que algunos republicanos presionan por la aprobación del “RAISE Act” para restringir la inmigración legal… la idea de algunos a largo plazo es que se resuelva la situación del TPS, pero sustrayendo a estos inmigrantes del límite global a la inmigración legal”, explicó Baran.

En la actualidad, el Congreso tiene ante sí varias medidas para resolver la suerte de los “tepesianos” y “DACAmentados”, pero ninguna tiene fecha de voto y muy pocas tienen apoyo bipartidista.

Los congresistas republicanos por Florida, Carlos Curbelo y Mario Díaz-Balart, por ejemplo, apoyan el “Acta ESPERER” de 2017, una medida bipartidista presentada el pasado 31 de octubre que legalizaría de forma permanente a todos los “tepesianos” de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití que recibieron ese beneficio antes del 13 de enero de 2011. La medida languidece en un subcomité.

Mientras, el “Dream Act”, presentado en julio pasado por los senadores Dick Durbin, demócrata por Illinois, y Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, para legalizar a los “Dreamers”, aún espera debate en el Comité Judicial del Senado.

Todo queda en manos del Congreso

Otros expertos consultados por este diario coincidieron en que la Administración Trump está lanzando la pelota al tejado del Congreso, donde no hay consenso sobre cómo proteger a los centenares de miles que quedarán sin un escudo contra la deportación a partir del próximo año.

La “jugada” de la Administración es doble: deja en manos del Congreso el futuro de los “tepesianos” y de los amparados al “programa de acción diferida” (DACA) de 2012, que perderán la protección cuando venzan sus permisos, y muestra a su base que habla en serio sobre la deportación de inmigrantes indocumentados.

“Con sus decisiones sobre el TPS y DACA, la Administración Trump está dando prioridad a políticas anti-inmigrantes, pero con un costo para los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos”, dijo Dan Restrepo, experto en seguridad nacional y relaciones exteriores en el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).

“Estas decisiones parecen estar guiadas por el ´nativismo´ (xenofobia), y no las realidades sobre el terreno u otras dinámicas regionales”, enfatizó Restrepo, asesor en temas de América Latina durante la Administración Obama.

Daniella Burgi-Palomino, analista del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG), advirtió de que la eliminación del “TPS” sólo ayudará a desestabilizar a la región aún más, lo que provocaría un mayor desplazamiento y migración ilegal.

“En el caso de Centroamérica, el fin del TPS minaría los más de $1,300 millones que EEUU ha invertido desde 2014 para mejorar la seguridad, gobernancia y prosperidad en la región”, señaló.

Por ello, Tom Jawetz, vicepresidente para política migratoria del CAP, consideró que el Congreso “tiene la obligación de buscar una salida bipartidista, si de verdad le interesa resolver este problema, porque también afecta a los hijos nacidos en este país” de esos beneficiarios.

“El Congreso tiene varios asuntos pendientes antes de fin de año, como el presupuesto y mantener abiertas las puertas del gobierno, pero también existe un imperativo para ayudar a los inmigrantes indocumentados porque ahora mismo, 122 personas están perdiendo a diario la protección del DACA”, precisó.

Para el 5 de marzo de 2018, fecha tope para que el Congreso resuelva el “DACA”, unos 22,000 “Dreamers” habrán perdido protección y el resto de los cerca de 750,000 la perderá a partir de entonces, según Jawetz.

Aunque los republicanos controlan las tres ramas del gobierno, necesitan el apoyo de los demócratas en el Congreso para la aprobación de medidas presupuestarias, y los demócratas han dicho que no aceptarán “píldoras venenosas” que pongan en peligro a los inmigrantes.

Al igual que Nicaragua, El Salvador está gobernado por un partido de izquierda, pero en el caso de este último, grupos de oposición ya comienzan a responsabilizar al FMLN por la posible deportación de los “tepesianos” salvadoreños.

El grupo ultraconservador “FAIR” instó hoy a la Administración a que elimine de una vez el “TPS” para los salvadoreños, para así enviar “una señal aún más fuerte” de que no tolerará el “abuso rampante” de ese programa.

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), dijo en un comunicado que, ante la “guerra de desgaste contra los inmigrantes no blancos”, el Congreso tiene ahora la oportunidad de mitigar la crisis y “hacer lo correcto” al aprobar una ley que legalice de forma permanente a los “tepesianos”.

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Fuente:La Opinion

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