Habían pasado 10 semanas desde la última vez que Ramos tuvo en brazos a su hija de dos años, Alexa. Diez semanas desde que fuera arrestada cruzando la frontera de Estados Unidos en Texas y desde que las autoridades de inmigración se llevaron a la pequeña y le dijeron que no volvería a verla nunca.
Lo que vino después , una familia de crianza logró inicialmente la custodia total de Alexa revela lo que podría ocurrir con algunos de los bebés, niños y adolescentes separados de sus familias en la frontera a principios de este año en base a una política del gobierno de Donald Trump. La iniciativa “tolerancia cero” terminó en junio, pero cientos de menores siguen detenidos, en albergues o en hogares de acogida y funcionarios estadounidenses apuntan que más de 200 no son candidatos a la reunificación o a la liberación.
Las autoridades federales insisten en que están reuniendo familias y seguirán haciéndolo. Pero una investigación de The Associated Press basada en cientos de documentos judiciales, registros migratorios y entrevistas tanto en Estados Unidos como en Centroamérica destapó agujeros en el sistema que permiten que jueces estatales otorguen la custodia de niños migrantes a familias estadounidenses sin notificar a los padres.
A día de hoy, con cientos de madres y padres deportados a miles de kilómetros (millas) de distancia, el riesgo ha crecido de forma exponencial.
Los estados suelen blindar los casos de custodia y las agencias federales encargadas de los menores migrantes no monitorean la frecuencia con la que un juez estatal permite que sean entregados en adopción. Pero proporcionando el nombre del niño y su fecha de nacimiento al tribunal de distrito, testamentario o circuito implicado, a veces es posible rastrear su paradero.
FILE - In this July 7, 2015, file photo, immigrants from El Salvador who entered the country illegally walk through a bus after they were released from a family detention center in San Antonio, Texas. The vast majority of immigrant children who arrive alone at the U.S. border are placed by the government with adults who are in the country illegally, federal data reviewed by The Associated Press show. (AP Photo/Eric Gay, File)
