TERRIBLE DÍA PARA TRUMP: DOS JUECES FEDERALES BLOQUEAN SUS MEDIDAS PARA CONSTRUIR EL MURO Y NEGAR GREEN CARDS

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Dos jueces federales han fallado en contra de dos de las medidas migratorias de mayor impacto del Gobierno del presidente, Donald Trump, para frenar la inmigración, acelerar la construcción del muero, y limitar la aprobación de tarjetas de residencia, conocidas como ‘green cards’.

El juez federal David Briones ha determinado que Trump violó la ley al declarar una emergencia nacional para construir el muro en la frontera con México.
“La proclamación es ilegal porque el plan de financiación viola, en general, la Ley de Asignaciones Consolidadas”, ha dicho Briones refiriéndose a la legislación de asignaciones que otorga permiso de gastos a varias agencias federales.
La decisión se da luego de que el condado de El Paso (Texas), y la organización Border Network for Human Rights presentaran una demanda el 20 de septiembre en contra de Trump; el ex secretario de Defensa interino, Patrick M. Shanahan; la ex secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; el secretario de Interior, David Bernhardt; el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; el fiscal general, William Barr; el fiscal del Distrito Oeste de Texas, Josh Nash; y el jefe de ingenieros del Ejercito, Todd T. Semonite.
El presidente firmó el 15 de febrero estado de emergencia nacional por la supuesta crisis de inmigrantes indocumentados en la frontera, lo que le permitiría derivar fondos adicionales para construir un muro. “Es una gran cosa porque tenemos una invasión de drogas, una invasión de pandillas, una invasión de gente”, dijo.
“Estamos hablando de una invasión de nuestro país con drogas, traficantes de personas, todo tipo de criminales y pandillas”, explicó Trump, “se ha firmado muchas veces antes por otros presidentes, la firmaron para cosas menos importantes y a nadie le importó”.
El presidente hizo el anuncio en una conferencia de prensa a la que invitó a familiares de víctimas de inmigrantes indocumentados para que mostraran imágenes de sus seres queridos.
“Vamos a tener un país seguro”, prometió el presidente, “es una cosa que dije que iba a hacer”, dicho sobre el muro, “de una manera u otra lo vamos a hacer, y no porque sea una promesa electoral”.
El año pasado, dijo Trump, al menos 70.000 personas murieron por drogas, “hay tremendas cantidades de droga viniendo a nuestro país, muchas desde la frontera sur” y “los muros funcionan al 100%, todo el mundo lo sabe”.
“La gran mayoría de drogas no llega por los puertos de entrada”, aseguró, “llegan por los puertos de entrada, van a áreas donde no hay muro”, al igual, añadió, que “no puedes meter a niñas y mujeres atadas en la parte trasera de una camioneta por los puertos de entrada”.
Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, habiían rebajado a 1.370 millones de dólares la asignación para el muro de Trump, que optó por la emergencia nacional como forma de complementar esa cantidad.
Estos fondos adicionales provendrían de varias partidas: a los 1.375 millones de la ley presupuestaria se sumarán 600 millones del fondo de confiscaciones de drogas de la Tesorería, 2.500 millones del programa de interdicción de drogas del Departamento de Defensa, y 3.600 millones del presupuesto de construcción del Departamento de Defensa.
Según la Casa Blanca, el dinero vendría de proyectos de prioridad baja, y no, por ejemplo, de los fondos de reconstrucción para Puerto Rico tras el huracán María.
Este viernes, otro juez federal, esta vez de Nueva York, bloqueó su controvertida norma sobre “carga pública” con la que negaría las “tarjetas verdes” y visas temporales a personas que soliciten o reciban ciertos servicios de asistencia pública, como subsidios de vivienda, “Medicaid”, cupones de comida o cobertura de medicinas bajo el programa “Medicare”.
La norma definitiva, contenida en un documento de más de 800 páginas,  ya había sido sometida a un período de comentarios públicos por 60 días que concluyó en diciembre pasado.
El juez George B. Daniels, del Distrito Sur de Nueva York, ha emitido una orden temporal contra la regla, evitando que entre en vigencia el próximo 15 de octubre, ha reportado la cadena de radio NPR.
Según la norma, los funcionarios de inmigración que decidan si se debe otorgar una tarjeta verde a un inmigrante considerarían si el solicitante es autosuficiente. Entre los factores que emplearían los funcionarios está si el solicitante ya está utilizando beneficios públicos.
El juez ha dictaminado que los demandantes, cinco organizaciones que trabajan para ayudar a los inmigrantes, así como los gobiernos del estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, Connecticut y Vermont, tiene probabilidades de salir victoriosos en sus reclamos contra la Administración Trump.
Las organizaciones y gobiernos en contra han argumentado que la regla discrimina a los inmigrantes de bajos ingresos y a los inmigrantes de color al imponer nuevos estándares duros a quienes buscan la residencia legal permanente, agregando que la política de carga pública ha estado vigente durante más de un siglo, pero los nuevos requisitos favorecerían a los inmigrantes más ricos.
En días recientes, la Administración se ha quejado de lo que llama “activismo judicial”, en referencia a las decisiones de jueces en contra de sus políticas migratorias.
“El presidente, Donald J. Trump, está trabajando incansablemente para restablecer la aplicación de nuestras leyes de inmigración”, ha dicho la Casa Blanca en un comunicado divulgado este viernes, “pero las sentencias activistas judiciales están restringiendo a la Administración de seguir el texto simple de la Ley Federal”.
Este jueves, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), Matt Albence, condenó lo que consideró como el “activismo judicial” de tribunales que, en su opinión, atan las manos de la agencia para hacer cumplir las leyes migratorias.
Quienes más se benefician de las decisiones judiciales, agregó, “son los extranjeros criminales que han sido arrestados por infracciones criminales en jurisdicciones locales y estatales”.

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